El texto legal que ha permitido retirar el actual veto para que los terroristas de ETA pudieran deducirse los años de prisión cumplidos fuera de España continuará su tramitación parlamentaria y será aprobado próximamente, a pesar de que el PP lo retiró ayer del orden del día del Pleno del el Senado. Sólo el Gobierno podría forzar su retirada y ha confirmado que mantendrá el proyecto de ley: al no haberse presentado ninguna enmienda completa ni haber sido modificado en el trámite anterior, no hay posibilidad de que vuelva al Congreso. Los terminales del Gobierno alardearon ayer de que la reducción de penas para etarras ha transcurrido su trámite en el Congreso de forma pacífica y con el apoyo unánime de todos los grupos.
En la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a defender personalmente el «error injustificable» cometido por su partido, y por el resto de grupos de la oposición que también desconocían la enmienda introducida en el trámite parlamentario. en beneficio de los presos de ETA. Pero esta decisión de Feijóo de hacerse cargo de la crisis no exime al grupo popular del Congreso de estar en el blanco del partido. Nadie discute que en un tema tan sensible para el PP como éste «no puede haber errores». «Esto es producto del bajo nivel parlamentario, y luego hay que estar arriba del grupo parlamentario, mantenerlos en tensión. «Estos diputados deberían dimitir». La exigencia proviene de una de las baronías más fuertes del PP, y se expresa en términos similares en otros gobiernos autonómicos. La clave es que en el fondo se señala no sólo a los miembros que tiene el PP en la comisión de Justicia del Congreso, sino que implícitamente se apunta el dedo acusatorio contra el portavoz, Miguel Tellado, mano derecha de Feijóo, que dijo anoche – en The Zero Wave Compass – que «varios colegas han puesto a disposición su puesto hoy». La crisis hace que las críticas ocultas contra el núcleo de poder que acompaña a Feijóo sean escuchadas con más fuerza. Él, por su parte, insistió en pedir disculpas por el «error injustificable», al tiempo que instó al Gobierno a rectificarlo para poder mirar los rostros de las víctimas de ETA. Feijóo señaló que el Gobierno será el único responsable si no revierte la reducción de penas a etarras.
También en Vox se declararon «devastados» por esta última pirueta legislativa del Ejecutivo. Pero aquí, a diferencia de Feijóo, se sacuden sus responsabilidades y las traspasan al PP, aunque tampoco se dieron cuenta del contenido de lo que votaban en el Congreso.
Mientras tanto, la comunicación entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quedó como un diálogo de sordos, como era previsible. Bolaños telefoneó por la tarde a Gamarra para abordar la polémica reforma que beneficia a los presos de ETA y el ministro deshonró al líder popular por el cambio de opinión de su partido con una iniciativa que «sirve para aplicar el derecho europeo en España».
Gamarra había enviado un mensaje al ministro por la mañana, cuando se encontraba en el Consejo de Ministros, para abordar la situación y buscar la manera de corregir la reforma. El Gobierno defiende el texto tramitado destacando que ni el Congreso ni el Senado han presentado ninguna enmienda en esa dirección.
Moncloa defiende que la norma entra en vigor tal cual porque está avalada por un informe favorable del Consejo de Estado. Una afirmación que no se corresponde en absoluto con la realidad ya que lo que respaldó fue el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, sin tener en cuenta las modificaciones incluidas posteriormente.