La mayoría de personas que alquilan en Madrid y Barcelona no podrán comprar una vivienda y ser inquilino perpetúa las desigualdades económicas. Estas son dos de las conclusiones del estudio De propietarios a inquilinos. Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad publicado este miércoles por el Instituto de Investigaciones Urbanas de Barcelona (Idra). El informe revela que el 70% de los encuestados en las dos grandes ciudades españolas no espera heredar. Y de quienes reciban bienes, el 80% tendrán que compartirlos. También constata que la condición de inquilino no se limita a la etapa de emancipación: la mayoría (53%) de los jóvenes de hasta 29 años son inquilinos, pero más de un tercio de los ciudadanos de entre 30 y 44 años también viven en alquiler . Estos datos son muy superiores a los que ofrece el INE para el conjunto de la población española (el 15,4% de la población vive en viviendas alquiladas a precios de mercado) y para las propias comunidades autónomas (en ambas, la población arrendataria ronda el 20%).
En cuanto a la brecha entre inquilinos y propietarios, el estudio confirma ambos extremos. Por un lado, los alquileres aumentan, los inquilinos pagan cada vez más y el precio de compra y los tipos de interés les alejan de la propiedad. En el otro, los propietarios que alquilan se enriquecen y la mitad de las transacciones de vivienda las realizan personas que ya las poseen. “El mercado del alquiler opera como un gigantesco mecanismo de transferencia desde la población que menos tiene hacia los sectores más ricos”, afirma Jaime Palomera, coautor del trabajo y desde hace algunos años portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona. Los hogares inquilinos tienen una renta media de 22.183 euros al año, menos de la mitad de la renta de los hogares rentistas, 46.725 euros.
El trabajo recuerda también que los inquilinos que quieren comprar «compiten con particulares e inversores que ya poseen viviendas y tienen un patrimonio muy elevado». Lo ilustra con datos como que en los últimos años la mayoría de las compras se hicieron al contado, que el 15% las realizaron extranjeros no residentes y que entre 2008 y 2020 casi la mitad de las viviendas se inscribieron por primera vez en el registro. son de empresas que tienen más de ocho propiedades. “La creciente diferencia entre la población de inquilinos y propietarios profundiza el papel del mercado de alquiler como vector de desigualdad social”, señalan los autores.
El informe se basa en 1.023 encuestas en Barcelona y 1.170 en Madrid a personas mayores de 16 años, muestra que Idra ha elegido en base a cuotas de la estructura social (basándose en el Censo de Población y Viviendas de 2021 y la Encuesta Sociodemográfica de Barcelona 2022 ) y con un trabajo “puerta a puerta” que buscaba que la muestra fuera “representativa de la población no inmobiliaria”, explica Palomera. Las encuestas se llevaron a cabo en línea y en persona con una docena de personas que recorrieron barrios de las dos ciudades. El trabajo también bebe de datos de mercado procedentes de fuentes como el Consejo General del Notariado, el Colegio de Registradores de España, la Dirección General del Catastro, la OCDE o Funcas.
Otro dato destacable es que mientras sólo el 14% de la población española vivía alquilada en España en 2023, los hogares formados por personas nacidas en el extranjero viven mayoritariamente de alquiler y además la posibilidad de heredar en este caso es menor (ocho de cada 10 no tienen esa expectativa). “Los hogares jóvenes y migrantes dependen desproporcionadamente del alquiler y enfrentan mayores dificultades para acceder a la propiedad de la vivienda. Y la posibilidad de herencia, otro posible mecanismo de obtención de bienes, también es limitada para esta población”, señala el informe.
En su apartado final, la obra cuestiona las medidas que han tomado las administraciones públicas y lanza recomendaciones políticas “que faciliten el acceso a la vivienda y reduzcan las brechas que dividen a la sociedad”. Respecto a las soluciones actuales, entiende que políticas como el bono joven para pagar el alquiler o los avales para comprar hipotecas «acaban transfiriendo recursos públicos a los propietarios y a los bancos». «Sin una regulación efectiva de los precios de alquiler, la disponibilidad de subsidios puede llevar a los propietarios a aumentar los alquileres», escriben los autores.
En cuanto a las recomendaciones, la principal es aumentar la oferta de “alquiler residencial de larga duración a precio regulado”, teniendo en cuenta las viviendas vacías (3,8 millones, el 14% del stock total, según el INE) o las viviendas turísticas. (351.000, según también el INE). También apuesta por traspasar los activos bancarios en manos de Sareb a los ayuntamientos para convertirlos en alquileres públicos o para que las Administraciones compren inmuebles a través del sistema de prueba y retracto (por el que las entidades públicas tienen derecho de compra preferente). El estudio contempla también la construcción de viviendas protegidas (VPO) y la promoción de viviendas cooperativas. Idra también apuesta por medidas fiscales: aumentar los impuestos sobre bienes inmuebles (patrimonio, sucesiones o IBI) y aumentar la tributación que aportan las rentas de alquiler. Finalmente, sugiere una prohibición de comprar vivienda si no se va a vivir en ella (y cita los casos de Canadá o Países Bajos, que han limitado la compra de no residentes e inversores) y “impuestos para desalentar la acumulación de propiedades y promover su democratización”.