El Ayuntamiento de Madrid amputa el expediente abierto por las obras ilegales en el piso donde vive Ayuso

Gran cantidad de páginas negras y multitud de datos tachados deliberadamente, dentro de documentación incompleta y sin numerar. Así lo entregó el Ayuntamiento a la concejala del PSOE que acudió el pasado mes de abril a la Junta de Chamberí para revisar los expedientes asociados al piso en el que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los informes prueban, en cualquier caso, que su socio, Alberto González Amador, realizó trabajos ilegales durante meses.

El concejal de la oposición había acudido con un técnico a principios de abril a revisar la documentación disponible, ante las informaciones publicadas en este periódico sobre irregularidades en la tramitación de una licencia de obra, que fue declarada “ineficaz” por responsables municipales y acabó denegada. . Pero el consistorio denegó en primera instancia la consulta y, sólo tras una petición escrita, accedió 14 días después a entregar la documentación que se demostró «mutilada», según fuentes socialistas.

Fuentes del PSOE advierten que su concejal Antonio Giraldo intentó ejercer su derecho a la información al consultar los expedientes y que hubo una «intención deliberada de impedir el ejercicio de tal derecho». Los fallos en la información aportada son tan flagrantes que el PSOE va a denunciar este jueves la maniobra del equipo de Almeida ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, según un documento al que ha tenido acceso Somos Madrid, en el que relata algunos hechos que considera no sólo irregular, sino también criminal.

Según el informe de la denuncia, los ficheros consultados “se encuentran sin páginas, con nombres, direcciones y otros datos ocultos, con páginas parcialmente en negro y ausencia de parte del contenido formal de este tipo de ficheros, incompatible con lo que se entiende por por expediente administrativo en nuestra legislación vigente.” Las mismas fuentes añaden que «numerosos datos aparecen tachados para ocultarse, así como páginas parcialmente negras».

«Muchos datos aparecen tachados para estar ocultos, así como páginas parcialmente negras»

Por todo ello, el Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid asegura que «algunos expedientes han sido mutilados premeditadamente con el fin de ocultar información al concejal solicitante, una situación absolutamente irregular, y que podría calificarse de manifiestamente fraudulenta». Y concluye que con esta actuación el ayuntamiento ha vulnerado varias normas, entre ellas el artículo 23 de la Constitución Española, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento Orgánico. del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Junto a la denuncia, el grupo municipal que preside Reyes Maroto entregará el recibo firmado cuando se entregó la documentación, el próximo 23 de abril. Giraldo afirmó que los expedientes que le habían facilitado no eran los originales, a los que como concejal tiene derecho , y que la información también estaba “parcialmente oculta”.


El PSOE pedirá este jueves que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción estudie los hechos denunciados y que si detecta «comportamientos fraudulentos por parte de los funcionarios municipales encargados de garantizar el derecho a la información de los concejales de esta Corporación» ser puesto en conocimiento del órgano municipal competente y poner a disposición del Ministerio Público “posibles infracciones que puedan constituir delito”.

Una declaración responsable “ineficaz” que tardó en notificarse

La consulta del PSOE abordó un polémico expediente, que relata cómo el socio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pidió iniciar una reforma integral de su vivienda en Chamberí el 4 de agosto de 2022, un mes después de adquirir el inmueble y cuando ya había cometido fraude contra Hacienda. Al día siguiente, un funcionario de la Junta Distrital emitió un informe que declaró “ineficaz” la declaración responsable presentada por no tomar en cuenta el manejo de los escombros y considerar las obras de una magnitud mayor a la que permitía ese procedimiento. En octubre, el socio de Díaz Ayuso añadió más datos sobre la reforma y multiplicó por diez su coste declarado, hasta 94.289,48 euros. También admitió que había derribado tabiques y construido instalaciones sin licencia firme.

Pese a las irregularidades, González Amador no recibió una notificación oficial de la Junta de Chamberí hasta el 22 de diciembre, cuatro meses y medio después del primer informe municipal, según la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid. El Ayuntamiento aún no ha iniciado expediente sancionador y ni siquiera consta que ningún funcionario municipal haya verificado el resultado de la reforma, realizada sin permisos municipales.

El oscurantismo que envuelve este expediente se extiende a los trabajadores municipales y concejales que lo iniciaron. Las dos resoluciones que denegaban las obras fueron firmadas por la funcionaria María Cristina Goncer, entonces coordinadora general de Chamberí. Según informó este medio, fue destituida de su cargo tras la reelección de Almeida como alcaldesa, en el verano del año pasado. Al igual que el concejal de Chamberí en el momento en que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que su despido fue voluntario porque la coordinadora «quería volver a su lugar». Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas -quedó hundido hasta el puesto 33- se debió a «represalias» por haberse opuesto a las obras en el piso donde actualmente reside el presidente de Madrid. .

El pasado martes, tras la publicación de las últimas informaciones sobre el expediente, los partidos de izquierda atacaron al equipo de Almeida por permitir obras ilegales «favoreciendo a un particular», explicó la socialista Reyes Maroto. Rita Maestre, de Más Madrid, se pronunció en términos explícitos: “Hay un trato de favor evidente, un abandono de funciones evidente por parte de los distintos servicios del Ayuntamiento de Madrid”, dijo antes de centrarse en la Junta de Chamberí. , hablando de una “purga” para actuar. “Hay gente incluso con altos cargos en el Partido Popular que ha sido víctima de esta purga. Porque si no, la baja del concejal Ramírez y del coordinador general de la Junta Distrital de Chamberí no se puede explicar de otra manera”, afirmó.

El alcalde de Madrid evitó este martes dar fecha para la inspección, aclarando que «tienen prioridad las inspecciones que afecten a la seguridad de los edificios». La visita está pendiente desde que Más Madrid denunció las obras por infracción urbanística, el pasado 20 de marzo. “Cada uno puede comprobar fácilmente el tiempo que suele pasar desde que se presenta una denuncia hasta que los inspectores visitan la Junta”, dijo Almeida para justificar que , un año y medio después de ordenar el cese de las obras, los directivos del Ayuntamiento aún no han revisado si la actuación fue legal.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como ésta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a machacar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha del presidente de Madrid, no son sólo un calentamiento. Ni siquiera es la primera vez que recurre a presiones como ésta para impedir que se publique información.

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