El acuerdo fiscal que persigue ERC -a través de su pacto con el PSC- generaría un coste cercano a los 2.100 millones de euros anuales para el sistema de financiación, y una pérdida en recaudación de unos 22.000 millones, según las estimaciones más recientes. Para compensar el incumplimiento en las cuentas, Moncloa se verá obligada a acompañar el proyecto de Presupuestos con un ambicioso paquete de medidas fiscales. Entre el catálogo de opciones que ya se presentan como ineludibles, si queremos evitar la quiebra del sistema, está la eliminación total de los dos tipos reducidos del IVAlo que generaría unos ingresos fiscales de «unos 15.000 millones de euros», según estimaciones del profesor Desiderio Romero Jordán, en su último artículo firmado para Funcas. Sin duda, esta medida tendrá un efecto en los productos de consumo básico, especialmente en el sector alimentario, como muestra el documento de la Fundación.
La reforma del IVA lleva años rondando por el Gobierno sin que éste se atreva a acometerla. Sin embargo, el choque que provocará que Cataluña salga del régimen de financiación común obligaría a Moncloa a no posponerlo más, según expertos como Jordán.
En mayo de 2021, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que estudiaba la posibilidad de simplificar el impuesto, eliminando los dos tipos inferiores. Un año después, el equipo de expertos que encargó el libro blanco de la reforma fiscal avaló esta opción. El Comité optó por una eliminación gradual de los tipos reducidos y superreducidos, lo que podría elevar los ingresos hasta 17,1 mil millones de euros. También puso sobre la mesa la posibilidad de bajar el tipo general del 21% a un tipo único del 15,4%, como exigió en su momento el Ejecutivo comunitario.
Los tipos reducidos se aplican actualmente a alimento como leche, queso y huevos, medicamentos para uso humano, prótesis, vivienda de protección oficial o vehículos para personas con movilidad reducida.
No es la única manera en la que el Gobierno podría tapar la pérdida de ingresos derivada de la salida de Cataluña del régimen fiscal común. Hacienda tiene margen para subir los dos últimos tramos del IRPF, que gravan las rentas superiores a 60.000 euros. Fedea insistió hace semanas en que se traspasará la gestión del 100% de los impuestos a la Generalitat obligaría al Ejecutivo a subir el tramo del impuesto sobre la renta estatal en un 29,5%fruto del vacío que dejaría la salida de Cataluña del sistema actual. Por el contrario, si no se abre una fuente extraordinaria de ingresos, el resto de CCAA dejarían de recibir el 10,7% de la financiación, lo que desgastaría los servicios públicos. El golpe sería mayor si otras regiones exigen un modelo similar. Según De la Fuente, sólo si Madrid y Baleares siguen los pasos de Cataluña y exigen la gestión de todos los impuestos, el Estado perdería 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios. El coste podría elevarse hasta los 62.000 millones si la medida se extiende a todas las comunidades de régimen común.
Todo dependerá de los detalles de la aplicación del acuerdo con ERC -que siguen sin desvelarse- y del desarrollo de la reforma del modelo de financiación autonómica, que Sánchez ya ha comenzado a discutir bilateralmente con los presidentes autonómicos. Con la información disponible, todo apunta -según Fedea- a una transferencia anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros del tesoro común del Estado a la Hacienda catalana, lo que incrementaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50% . %. «Si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que ajustar su gasto a la baja, reduciendo las prestaciones de su competencia, como las pensiones o la defensa, o aumentar, ahora o en el futuro, la presión fiscal», insiste Ángel de la Fuente .
La apuesta por el camino medio
El debate sobre el IVA va, sin embargo, más allá de Cataluña. La Comisión Europea publicó –a finales del pasado mes de marzo– un informe sobre las vulnerabilidades de la economía española. En él, los de von der Leyen recomendaban combinar la retirada de los dos tipos más bajos del IVA, con un aumento de los impuestos verdes por valor de 15.000 millones, y la retirada de los beneficios fiscales aprobados hasta la fecha. Hacienda respondió al documento con la aprobación del tipo mínimo del 15% en Sociedades y la ampliación de los impuestos extraordinarios a la banca, la energía y las Grandes Fortunas. Sin embargo, el impacto de estos tres ajustes fiscales sobre los ingresos es limitado y Bruselas espera una reforma más sólida.
Tras haber anunciado ya la retirada gradual de las principales medidas de ayuda fiscal, el Gobierno debe seguir cumpliendo el guión trazado por la autoridad europea. Para ello, Moncloa podría optar por una opción intermedia y eliminar únicamente el tipo reducido del IVA (10%), dejando el resto intacto. Esto añadiría 11.775 millones de euros a la recaudación, según los expertos fiscales. Si fuera necesario, el libro blanco sobre la reforma fiscal recomienda al Ejecutivo establecer un sistema para compensar el efecto de la subida de precios para aquellos hogares con menores rentas, a través de ayudas directas o beneficios fiscales quirúrgicos dirigidos a las rentas bajas. Sumar lleva tiempo poniendo sobre la mesa algunas, como poner un tope a los precios de la cesta básica, algo que el ala socialista del Gobierno descarta.
Sin embargo, la aparición de la crisis inflacionaria aclaró la idea, que ahora –con un IPC avanzado del 1,5%– podría volver a entrar en el imaginario del Tesoro. De hecho, tanto Fedea como el Consejo General de Economistas (CGE) consideran necesario incluir la simplificación del IVA dentro de la reforma fiscal que exige la Comisión Europea, a cambio del desembolso de lo que queda del IVA. Próxima Generación. Ambas entidades llevan meses reclamando la eliminación de los tipos reducidos y el sistema de módulos, priorizando impuestos medioambientales que contribuyan a la transición energética, y poniendo énfasis en la lucha contra el fraude fiscal.
Sin embargo, simplificar el IVA tendría efectos importantes sobre el consumo, en un momento en que la economía espera depender de él para seguir creciendo en el mediano plazo. Al previsible incremento del precio de los productos básicos incluidos en los tipos reducidos, se suma el que podría generarse sobre la vivienda, también gravada al 10%.
La constante tensión que sufre el mercado inmobiliario hace desaconsejable acometer la medida, siempre que no vaya acompañada de medidas compensatorias, al menos temporales. La compraventa de vivienda -que cotiza al tipo reducido- sufriría un incremento adicional en su coste. Mientras Ejecutivo y PP compiten a través de medidas para reducir el precio mediante la intervención en el mercado o el aumento de la oferta, una subida del IVA endurecería -aún más- las posibilidades de acceder a la vivienda. Lo mismo ocurriría con el transporte de viajeros, los servicios de hostelería o las obras de rehabilitación de inmuebles. El impacto será mayor en el precio de los medicamentos, o en los productos y servicios destinados a personas con discapacidad o movilidad reducida; todos ellos gravados al tipo superreducido del 4%. Aún así, en términos generales, los expertos aseguran que el beneficio fiscal que aportan los dos tipos reducidos favorece más a los ciudadanos con más recursos, «el 55% de la ganancia fiscal que representan los tipos reducidos se concentra en el 40% de los hogares más ricos», apunta destacó el equipo dirigido por Jesús Ruiz-Huerta.
España, el segundo país de la UE que más productos grava a tipos reducidos
España aplica tipos reducidos o superreducidos a 33 categorías de productos, cifra sólo superada por las 35 de Italia. En la Unión Europea, excepto Dinamarca, que tiene un tipo impositivo único del 25%, todos los países tienen varios tipos reducidos. Según la AIReF, España grava la alimentación, la salud, el ocio y la cultura y la restauración con tipos impositivos claramente inferiores a los de sus socios europeos (especialmente el suministro de bebidas alcohólicas), que representan una parte sustancial del gasto de los hogares; mientras que las diferencias con otros países no son tan relevantes en hostelería y transporte. Las últimas estimaciones –elaboradas por López Laborda, Marín y Onrubia en 2018– cuantifican el coste medio de recaudación en 17.100 millones de euros, sólo para los hogares: 5.300 millones por la aplicación del tipo del 4%, y 11.800 millones, por el 10%.
