El Consejo Nacional Electoral aprueba la investigación formal a la campaña presidencial de Petro por violar los límites electorales

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió este martes abrir una investigación y presentar cargos contra la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022 por presuntamente violar los límites de financiamiento permitidos por la ley. Los mencionados en la presentación son el propio presidente Petro, entonces candidato; el jefe de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la tesorera, Lucy Aydée Mogollón; los interventores, María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP). Todos acusados ​​»por la presunta violación del régimen de financiación de las campañas electorales».

La presentación fue impulsada por el juez Álvaro Hernán Prada, militante del partido Centro Democrático Uribe. El CNE no es un tribunal sino un órgano administrativo, formado por políticos que actúan como magistrados. Es decir que varios de sus nueve magistrados son, como Prada, ex parlamentarios. No todos están alineados con la oposición, algunos están alineados con el presidente, pero la mayoría, 7 magistrados, votaron a favor de la presentación de Prada. Sólo dos, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, salvaron su voto.

Según el CNE, la campaña omitió, para la primera vuelta electoral en las presidenciales: aportes realizados por el sindicato docente, conocido como FECODE, por 500 millones de pesos; aportes realizados por el sindicato USO por 379 millones de pesos; un préstamo otorgado por el partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, por 500 millones de pesos; informar pagos a testigos electorales, por la suma de 921 millones de pesos; gastos de propaganda electoral, por la suma de 356 millones de pesos; pagos al movimiento Colombia Humana, por 500 millones de pesos. La decisión del CNE también aclara que estaba prohibido que personas jurídicas, como Fecode y la USO, contribuyeran a las campañas.

Luego estarían las irregularidades para la segunda vuelta presidencial, según el CNE. Entre estos: omitiendo el pago que la campaña hizo el 19 de junio para celebrar la victoria en el Movistar Arena de Bogotá (que costó 100 millones de pesos); no reportar pagos a testigos electorales (177 millones de pesos); no reportar gastos de transporte aéreo (926 millones de pesos); no reportar gastos a Colombia Humana (530 millones de pesos); no reportar aportes realizados por la OSU (379 millones de pesos).

En total, las irregularidades de las dos vueltas presidenciales sumarían 5.355 millones de pesos, lo que suma poco más de un millón de dólares (alrededor de $1.269.000).

“El golpe de Estado ha comenzado”, respondió el presidente en X al conocer la noticia. Petro ha dicho, desde que se conoció la presentación del juez Prada hace varios meses, que se trata de un intento de destituirlo. Prada es también un político investigado en un largo escándalo por manipulación de testigos en el que se acusa al expresidente Álvaro Uribe, un clásico enemigo del petrismo. En un discurso en Antioquia, el presidente reiteró que esta decisión del CNE es un golpe a los 11 millones de colombianos que votaron por él. “Nos han puesto en un momento difícil, grave, porque lo que buscan es un golpe de Estado, no somos tontos para no saberlo”, afirmó. “Va a haber una movilización del pueblo, y grande, inmensa porque esta gente está cansada de la injusticia”, añadió.

El CNE no tiene facultad para destituirlo, como ha aclarado el Consejo de Estado, y la sanción máxima que podría imponerle es una multa. Sólo el legislativo podría destituir al presidente, si hay una acusación formal ante la Comisión de Impugnación, y luego aprobación en la Cámara de Representantes para que el presidente sea juzgado en el Senado. Un largo camino, pero para el presidente Petro, la decisión del CNE de este martes es el primer paso en esa dirección.

El presidente Petro ha asociado la decisión del CNE con una que, hace una década, tomó el entonces fiscal Alejandro Ordóñez, para destituirlo alegando irregularidades en una política pública de recolección de basura. La destitución en ese caso fue exigida por Petro, y años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón: un ente administrativo, como la Fiscalía General de la República, no puede destituir a un ciudadano elegido popularmente. El presidente considera que aún no se respeta este fallo de la CIDH, al permitir que el CNE lo investigue a pesar de su inmunidad presidencial.

“Pido a mis abogados que confronten el fallo de la CIDH a mi favor que ha sido completamente violado”, dijo en X luego de su discurso en Antioquia. También hizo un pedido a la Cancillería: “Pido al cuerpo diplomático una reunión en pleno para explicar al mundo por qué lo que ha hecho el CNE por mayoría es un golpe contra la competencia integral del presidente y contra el voto popular y la ley. ”. Y finalmente, volvió a convocar a los colombianos. “Todas las organizaciones populares del país deben entrar en asamblea permanente. Ha llegado el momento de una movilización generalizada del pueblo colombiano”, escribió.