El Gobierno se ha pronunciado por primera vez sobre el auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez de volver a pronosticar el archivo inmediato, pese a que los magistrados dan vía libre al juez Juan Carlos Peinado para continuar con sus investigaciones , con una limitación mínima que, en realidad, ya impuso hace meses.
El ministro portavoz, Pilar Alegríaaseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el archivo se acerca claramente», ha torcido los argumentos de la Audiencia Provincial para presentarla como una resolución favorable.
Al menos esta vez no ha atacado al magistrado, ya que hace una semana señaló que el juez Peinado lleva «seis meses pedaleando en la nada». Ahora el Tribunal ha corregido esa valoración del Gobierno y ha dicho al juez que continúe con la investigación.
Para empezar, la resolución rechaza la petición del abogado de Begoña Gómez de archivar ya la investigación y asegura que se debe seguir determinando algunos supuestos denunciados como, por ejemplo, los beneficios que podría haber conseguido el empresario. Carlos Barrabés de su proximidad a Begoña Gómez. Este rechazo del expediente supone ya un revés para Moncloa.
Así, señala el coche que «Verdaderamente significativa» es la «llamativa variación cuantitativa y cualitativa que experimenta la relación entre las empresas del grupo Barrabés y la Administración Pública en la proximidad temporal de la obtención de la Cátedra (de la Complutense) y la puesta en marcha de los másteres». Por citar uno de los puntos que deberían investigarse según los magistrados.
La ministra, en nombre del Gobierno, ha señalado también que el auto del Juzgado determina que el juez Peinado está realizando una investigación investigación prospectiva, es decir, sin abordar un solo objetivo reportado, lo cual está claramente prohibido. Sin embargo, los magistrados señalan expresamente que no se trata de una investigación prospectiva.
En concreto, explican que «prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en busca de posibles conductas delictivas sin un mínimo de concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que se basa en conductas racionalmente sospechosas (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia investigación que permite conocer en detalle todas aquellas circunstancias que pueden influir y determinar su calificación.
Dicen que no es así y desarrollan la idea de que «la La investigación sigue siendo un procedimiento vivo, que no puede anclarse a los hechos inicialmente denunciados como cometidos», «es un ««objeto vivo, moldeable y decantante sucesivo».
Sólo cuestionan una frase de uno de los escritos de Peinado en la que dice que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos. que han sido realizadas por la investigada siendo su marido el Presidente del Gobierno de España que figuran en la denuncia inicial”.
Los magistrados señalan que esta frase es «genérico e impreciso«, pero en ningún caso consideran que eso signifique que se trata de una investigación prospectiva y por eso tampoco anulan esa resolución. Si la interpretación del Gobierno fuera cierta, los magistrados la habrían anulado.
El ministro utiliza esta corrección para hablar de una «sana enmienda» y tratar de mantener que los magistrados entiendan que se trata de una investigación prospectiva.
No lo dicen, entre otras cosas, porque eso significaría cancelar toda la investigación.
Alegría, en nombre del Gobierno, también ha indicado que la Audiencia Provincial «limita al mínimo el alcance de la investigación al juez». En realidad sólo excluye la investigación sobre la subvención a Globalia, que, además, ya excluyó hace meses.
Pero incluso sobre esta cuestión señala que la excluye «mientras no aparezcan hechos verdaderamente nuevos con contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada».
La ministra ha indicado que la orden «valida la informes de la UCO de la Guardia Civil y de la fiscalía que dijo que no hay ninguna irregularidad”. En realidad, el Juzgado dice que el informe de la Guardia Civil no significa que se haya descartado ningún delito, al contrario de lo que han sostenido el Gobierno y la defensa de Begoña Gómez.
Y mucho menos avala el informe de la Fiscalía, porque también cuestiona la investigación ahora prolongada.
Con esta retorcida interpretación, Moncloa concluye a través de Alegría que «con esta resolución se acerca el archivo del caso. No hay causa y claramente se acerca el archivo».