El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra varios apartados del protocolo del Ejecutivo de Canarias para la acogida de menores inmigrantes no acompañados que llegan a las islas. Estos apartados han sido suspendidos porque así lo ha solicitado el Gobierno, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión automática en este tipo de supuestos cuando exista petición expresa del Ejecutivo. El pasado 20 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya adoptó una medida similar al suspender el protocolo de forma muy cautelar, tal y como solicitó la Fiscalía del tribunal autonómico.
En el caso del Tribunal Constitucional, el organismo de garantía explica que «tiene suspendida la validez y aplicación» de los artículos impugnados «desde el 26 de septiembre de 2024», fecha en la que el Gobierno de España presentó su impugnación, «que será comunicado al presidente de Canarias.” Un día antes, el 25 de septiembre, el Ejecutivo canario ya solicitó al Tribunal de lo Contencioso que levantara la suspensión que había impuesto el día 20. Para defender su protocolo, la administración canaria sostuvo que la nueva normativa consiste en una instrucción interna para los empleados públicos y entidades colaboradoras de la comunidad autónoma. Se agregó que la medida era necesaria para proteger a los menores sin causar discriminación alguna.
Ahora, el Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad la admisión a trámite de la impugnación de la disposición autonómica. El recurso se debe a que el Gobierno considera que el acuerdo cuestionado puede vulnerar varios derechos fundamentales y también competencias autonómicas en materia de inmigración y asistencia a menores no acompañados. El Ejecutivo de Canarias, por su parte, viene alegando en la batalla legal iniciada que hace falta una mayor implicación del Estado ante la llegada masiva de menores a las islas. El Ejecutivo de Clavijo sostiene que el Estado tiene competencias exclusivas en materia de inmigración y asilo, y que, por tanto, debe hacerse cargo de la gestión relativa a la entrada de menores extranjeros en España y su protección. También destaca que es el Estado el que debe coordinar la redistribución de los menores a otras comunidades autónomas.