Antonio Giraldo, concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y encargado de asuntos urbanísticos de la capital, compareció el pasado 23 de abril en la Junta Municipal del distrito de Chamberí. Su objetivo era conocer más sobre el polémico expediente del piso donde reside la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras las informaciones reveladas por EL PAÍS sobre las obras sin permiso que se habían realizado en el inmueble. Que un concejal de la oposición en el Ayuntamiento comparezca a una Junta Distrital es un procedimiento habitual: la Ley de Bases del Régimen Local le ampara para obtener cualquier tipo de información útil en su labor de control del alcalde y su equipo.
Sin embargo, se sorprendió cuando le entregaron dicho expediente. Estaba sin páginas, con nombres, direcciones y otros datos ocultos, con páginas parcialmente en negro y sin el contenido formal de este tipo de archivos. Giraldo y su equipo consideran que se trata de una vulneración de sus derechos como concejal. El PSOE ha anunciado que presentará una denuncia este jueves a las diez de la mañana ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, un órgano interno de lucha contra las irregularidades con capacidad de elevar el caso a la Fiscalía.
Normalmente, los concejales acceden a los ficheros originales, aunque incluyan datos personales. La contraparte es que tienen el deber de secreto, según la normativa que desarrolla este derecho de acceso a la información en la ley de Régimen Local. Dos técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid consultados por este diario consideran “inédito” que se tape información o se entregue sin páginas numeradas. “Es un caso claro de censura”, dice Giraldo a este diario.
El expediente que Giraldo quería ver era el que contiene la declaración responsable de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con quien inició un importante proyecto en un piso en Chamberí que adquirió en julio de 2022, tras cometer un presunto fraude fiscal de más de 350.000 euros que admitió su abogado. Con ese documento del 4 de agosto informó al Ayuntamiento de una profunda reestructuración del inmueble, de 183 metros cuadrados y ubicado en una sexta planta.
Pero funcionarios municipales ordenaron “la paralización y/o cese inmediato” de la obra en dos ocasiones, el 2 de noviembre de 2022 y el 13 de diciembre de 2022, por falta de información precisa sobre el alcance de la obra y le ordenaron solicitar una nueva autorización. Sin embargo, el empresario, que ya era socio de Ayuso, no lo hizo, según tres bases de datos urbanísticas revisadas por este periódico.
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En el sitio web de acceso público Conex, bajo el expediente del departamento, solo aparecen las dos órdenes de paralización, 350/2022/05445. Haciendo uso de sus facultades previstas en la ley, Giraldo quiso acceder al resto de la documentación, incluida la declaración responsable aportada por González Amador con los planos del estado del inmueble antes y después de la reforma, así como a los trámites internos entre el Ayuntamiento. Funcionarios del salón. .
El PSOE señala en su denuncia que ya ha sido víctima de obstrucciones mediante otros métodos como denegación de acceso a la información, plazos que nunca se cumplen o consulta de sólo una copia. Este caso, indican, es un paso más porque es la primera vez que les entregan un ejemplar que, según los socialistas, ha sido adulterado.
La Oficina Antifraude se puso en marcha en 2018. El año pasado recibió 129 denuncias, de las cuales 36 fueron anónimas. Entre otros escándalos, frenó un caso de presunta puerta giratoria del delegado de Urbanismo entre 2019 y 2023, Mariano Fuentes. Fuentes se había apuntado a una promotora inmobiliaria a la que el Ayuntamiento había beneficiado con la cesión de suelo público.
Un caso que afecta a Almeida
El caso del piso donde vive Ayuso afecta directamente al Ejecutivo de Almeida porque es el encargado de inspeccionar y sancionar las infracciones urbanísticas. Desde que estalló el caso en marzo, el Ayuntamiento ha centralizado las respuestas en la Junta Municipal de Chamberí, presidida por Jaime González Taboada, senador, exministro de Medio Ambiente con Cristina Cifuentes y excoordinador general del PP de Madrid.
A pregunta de la oposición, Taboada ha asegurado en un par de plenos que se realizará la inspección, aunque aún no hay fecha porque hay otras inspecciones en cola. González Amador declarará el próximo lunes como investigado. Será su primera comparecencia ante el juez del juzgado de instrucción número 19 de Plaza de Castilla.
González Amador compró esta vivienda tras un presunto fraude a Hacienda que se conoció cuando elDiario.es anunció la noticia el 12 de marzo. En febrero, la Fiscalía denunció a González -y a otros cuatro colaboradores- por un presunto delito de defraudación fiscal de 350.951 euros, según cálculos de Hacienda, que corresponden a los ejercicios 2020 y 2021, y un Delito de falsificación de documentos mercantiles. . La pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos fiscales que la presidenta negó en público, y se ofreció a pagar lo defraudado. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad adeuda (350.951 euros más intereses de demora) y reducir así la posibilidad de acabar en la cárcel y pagar una multa hasta siete veces superior a la cantidad defraudada.
La propiedad está ubicada en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital de España. Aquí el metro cuadrado se situó en febrero en 6.271 euros, según el último informe de Idealista. Es decir, un piso de 50 metros cuadrados cuesta al menos 313.500 euros. El piso de González tiene un valor de mercado de más de un millón: 1.147.593 euros. Y es que, según el Catastro, el censo donde se pueden consultar todas las propiedades urbanas del Estado, la vivienda tiene un valor estimado de 809.222 euros. Un año después, uno de los abogados de González Amador adquirió el piso inmediatamente superior, un ático.
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