Muy reacio con la prensa y con fama de «un poco raro», según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, Juan Carlos Peinado García Es magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Él es quien ha abierto un caso secreto tras recibir la denuncia que el sindicato Manos limpias ha presentado contra Begoña Gómez…y cuya primera consecuencia han sido los cinco días de reflexión que ha llevado su marido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El juez Peinado tiene 70 años. Los cumplió en enero, mismo mes en que la comisión permanente de la Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le autorizó a seguir trabajando hasta enero de 2026, cuando tengas 72 años, edad máxima permitida. Su hija es Patricia Peinado, concejal del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. El magistrado ha tenido una carrera judicial durante 30 años, pero antes se desempeñó como secretario municipal de segunda categoría.
En 2013 se presentó como candidato a vocal independiente para el CGPJ y en 2019 intentó, también sin éxito, acceder al puesto de juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que actualmente dirige Manuel García-Castellón, a punto de jubilarse porque va para cumplir 72 años.
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El primer destino de Peinado como juez fue como Magistrado de Primera Instancia en Arenas de San Pedro (Ávila)en 1994. Luego pasó por talavera de la reina. Su nombre aparece mencionado en el Diario de Sesiones de la Comité de Peticiones del Senado en 2003, cuando intervino oralmente un particular, Juan Silván García, con una petición en la que se le mencionaba.
Historia en el Senado
Después de Talavera de la Reina, ejerció en Getafe y posteriormente recaló en uno de los 54 juzgados de instrucción de la Plaza de Castilla de Madrid: el número 41. Desde allí ha instruido casos de medios como el que empezó con el acusación de 12 periodistas por informar sobre el caso CDR, que terminó archivando.
También se hizo cargo de otra denuncia de Manos Limpiasen 2015, contra los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto y Guillermo Zapata, de Ahora Madrid, por unos tuits ofensivos. Peinado acabó inhibiéndose, pues la Audiencia Nacional ya los estaba investigando.
Otro caso que cayó en sus manos fue la investigación derivada de las denuncias del Ministerio de Cultura contra varias productoras, por asuntos relacionados con subsidios y precios en taquillas. También estuvo a cargo de una investigación contra el exfutbolista Raúl González Blanco por la gestión de una de sus empresas y una supuesta deuda.
‘guerra legal’
La relación de Peinado con la prensa es casi inexistente, ya que está extremadamente celoso de cualquier filtración en los casos que instruya. De hecho, su resolución admitiendo a trámite los hechos denunciados por Manos Limpias contra Begoña Gómez se remonta al 16 de abril: no pidió la opinión de la Fiscalía y no salió a la luz hasta la noche del día 25, cuando los periodistas de los medios que habían firmado información sobre Begoña Gómez recibieron la citación para declarar el día 10 de mayo, y la publicaron en sus respectivos periódicos. Al día siguiente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso que «seguía creyendo en la Justicia de este país».
Acusado de guerra legal por el PSOE En sus movilizaciones a favor de la continuidad de Sánchez como presidente, Juan Carlos Peinado convocó en 2020, para comparecer sobre medidas cautelares, al alcalde de madrid, José Luis Martínez Almeida (PP) tras una denuncia del abogado José Luis Mazón sobre la decisión del Ayuntamiento de mantener cerrados los parques de la capital madrileña durante las seis horas en las que se permitía caminar tras el estricto confinamiento por la Covid-19.
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Sin embargo, el juez acabó dando marcha atrás, a petición del concejal. Y admitió que citar a figuras públicas, como Almeida, ante los tribunales podría significar «estigmatización».
Además, y según el diario Público En enero pasado, el juez Peinado acusó OkDiario y el gerente de la EMT del Ayuntamiento de Madrid por un contrato exclusivamente para el medio digital, tras un denuncia presentada por Podemos Tras detectar la formación morada, posible sobreprecio en el contrato.