La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha detectado al menos 24 ocasiones en las que la orden aprobada el día 2 por el Gobierno de Canarias que impedía la entrega directa de menores inmigrantes no acompañados de la Policía a ONG impidió la asistencia inmediata, como establecido en la ley de protección de menores. Así consta en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que mostró su acuerdo con la suspensión de esta orden.
Esta orden estaba suspendida desde el 25 de septiembre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la frenó como medida cautelar. Este martes, este organismo confirmó la suspensión tras escuchar al Gobierno de Canarias. La instrucción del Ejecutivo, a juicio del tribunal, «conlleva un grave riesgo de retrasos en el proceso de asistencia». El Tribunal Constitucional también asestó este martes otro revés al Ejecutivo regional al suspender por unanimidad tres apartados de esta orden y el protocolo de admisión de menores inmigrantes no acompañados que había aprobado el 10 de septiembre. La instrucción del día 2, según el alto tribunal , “puede violar varios derechos fundamentales y también competencias regionales”.
Los casos recogidos por la Fiscalía se produjeron los días 18 de septiembre (cuatro de ellos), 19 de septiembre (dos casos) y 20 de septiembre (18 casos) tras la llegada de cayucos o pateras a El Hierro y Lanzarote. Las edades de los menores son entre 15 y 17 años. Todos tienen algo en común: la Policía Autónoma de Canarias tardó entre uno y tres días en recoger a los niños tras desembarcar en puerto para internarlos en un centro comunitario.
El escrito firmado por el fiscal superior recuerda que la «asistencia inmediata» está recogida en la Ley Orgánica de Protección de Menores y Jóvenes y forma parte de «las actuaciones en situaciones de desprotección de menores». Por tanto, esta asistencia «está dentro del ámbito de actuación y protección», que, subraya, «es competencia de la Comunidad Autónoma». Canarias ha asegurado desde el día 2 que aprobó la orden que no impediría en ningún caso la atención inmediata de los menores. El fiscal opina lo contrario: “La medida adoptada compromete los intereses de este colectivo especialmente vulnerable”.
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, explicó que «se dieron varias circunstancias» con estos casos. En primer lugar, los recursos de El Hierro y Lanzarote se colapsaron, por lo que los menores tuvieron que ser trasladados a otras islas. A esta circunstancia, asegura, se suma el hecho de que la policía canaria tuvo «graves problemas» para poder desplazarse a estas dos islas por falta de billetes de transporte, cuando el protocolo del Gobierno, actualmente suspendido, hacía obligatoria su presencia durante el entrega. “Los niños de El Hierro y Lanzarote son inmediatamente retirados por la falta de plazas en esas islas”.
Para poner en contexto esta carta de la Fiscalía hay que remontarse a principios de septiembre. Con casi 5.500 niños bajo su tutela, y con la reforma de la ley de extranjería bloqueada -que impide el traslado de parte de este colectivo a otros territorios-, el presidente canario, Fernando Clavijo, inició una campaña legal y mediática con el objetivo de “sacudiendo el árbol” y abriendo el reparto obligatorio de este grupo. Sus pasos pasaron, en primer lugar, por aprobar una orden el día 2 –fuera de orden del día– que impedía a la Policía Nacional entregar directamente a las ONG a los niños que llegaban a las islas. Asimismo, afirmó que los menores inmigrantes no acompañados que llegan a sus costas en piraguas o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni indefensos, y que, por tanto, son responsabilidad del Estado y no de las comunidades autónomas y afirmó que, incluso , estudiaba llevar al Ejecutivo central a los tribunales. Clavijo garantizó, no obstante, que los menores seguirán recibiendo «atención inmediata» ya sea «en tiendas de campaña, pabellones o recursos de alojamiento». Pese a estas palabras, el día 10, la Red Española de Atención a la Inmigración y al Refugiado presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC contra esa orden por considerarla «contraria a los derechos fundamentales de los menores y al interés superior del menor». .
Ese mismo día 10, el Gobierno de Canarias aprobó un nuevo protocolo que debería regular la entrega de menores no acompañados a la comunidad. Este nuevo texto introdujo nuevos requisitos para que un niño pueda ingresar en un centro. Entre los requisitos, se estableció la necesidad de una revisión previa de identificación e inscripción en el registro de menores, una resolución administrativa de asignación o colocación individualizada, audiencia previa en presencia de intérprete y que la entrega se realice en una comisaría. de la Policía Autónoma de Canarias o, “donde no existan, en lugares autorizados”.
Ambas iniciativas han contado con el rechazo rotundo de la Fiscalía desde el primer momento. El 13 de septiembre, María Farnés Martínez emitió un decreto en el que advertía al Gobierno de Canarias de que puede cometer un delito de abandono de menores si obstaculiza la acogida de niños y adolescentes migrantes llegados a las islas y reclamaba ante el TSJC su suspensión. . . El TSJC accedió a sus peticiones. El 20 de septiembre, el TSJC suspendió de manera “muy prudente” –es decir, provisionalmente, antes de escuchar a todas las partes y estudiar a fondo el asunto en el futuro– el protocolo aprobado ocho días antes.
El día 25, la instrucción que el Gobierno de Canarias había dado el día 2 a las ONG que gestionan los centros de acogida en las islas para que no recibieran más menores inmigrantes sin su autorización previa hizo lo mismo, también de forma cautelar. Este martes, el TSJC confirmó su decisión tras haber escuchado a la Administración. En un auto, ha explicado que la aplicación del acuerdo «conlleva un grave riesgo de retraso en el proceso de asistencia a los menores inmigrantes, al retrasarse su entrada en los centros de acogida, con los consiguientes perjuicios que ello pueda ocasionar». a un colectivo que, por sus circunstancias, es especialmente vulnerable”.
El Tribunal Constitucional también ha frenado en seco este martes las aspiraciones del Ejecutivo que dirige Fernando Clavijo. El alto tribunal suspende tanto el protocolo de admisión de menores inmigrantes como los apartados segundo, tercero y sexto del acuerdo de Gobierno (que señalan a las entidades colaboradoras para no recibir nuevos inmigrantes a costa de esta Comunidad Autónoma, obligando al Estado a «cumplir» sus obligaciones sustanciales” y se designa al Ministerio de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para el seguimiento de este acuerdo).