El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad vuelve a reprender a España por mantener centros de educación especial. «El comité lamenta que la segregación educativa de las personas con discapacidad a través de su escolarización en centros especiales y en aulas específicas» en las escuelas ordinarias «sigue» produciéndose en el país, afirma en un dictamen de 20 páginas fechado el día 22. Marcha a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “El comité deplora”, añade el texto, “la perpetuación de un sistema educativo que segrega, en la práctica, a más de 40.000 personas con discapacidad, de las cuales el 40% son personas con discapacidad intelectual”. Y pide a las autoridades educativas, tanto nacionales como autonómicas, avanzar «de forma prioritaria y urgente» hacia el fin de dicha separación.
El organismo, encargado de velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -aprobada en 2006 y de la que forman parte 190 Estados, entre ellos España-, ya ha elaborado un duro dictamen sobre la situación de los estudiantes con discapacidad. Discapacidad española en 2017. Y ahora acaba de emitir otro informe sobre “el seguimiento de la investigación sobre España realizada por el comité en virtud del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención”. Este artículo se aplica en aquellos casos en los que el comité reciba “información confiable que revele violaciones graves o sistemáticas por parte de un Estado parte de los derechos incluidos en la convención”. La investigación, según prevé el informe ahora publicado, continuará y dará lugar a un nuevo dictamen dentro de cinco años para comprobar si la situación ha mejorado.
La organización de Naciones Unidas «valora» que España haya logrado algunos avances en el ámbito de la «legislación» y de las «estrategias» del Gobierno para lograr la implementación efectiva del «derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad». Es decir, su integración en las escuelas ordinarias con el apoyo necesario para que se pueda llevar a cabo con éxito, garantizando su bienestar. Entre estos avances, el informe menciona algunos preceptos de la actual ley de educación, la Lomloe, que en una disposición adicional establece que el Gobierno y las comunidades autónomas “elaborarán un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con (…) Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (…) los centros ordinarios cuentan con los recursos necesarios para poder atender a los estudiantes con discapacidad en las mejores condiciones”. El comité de la ONU lamenta al mismo tiempo que la propia Lomloe prevea el mantenimiento de centros de educación especial.
La inclusión de estudiantes con discapacidad en las escuelas ordinarias avanzó significativamente en España a partir de los años 80, pero llegó a un cierto estancamiento. Alrededor del 17% de los estudiantes con discapacidad continúan asistiendo a centros especiales o enseñando en aulas específicas, separadas del resto de los niños, dentro de las escuelas ordinarias. El tema genera una fuerte polarización. Muchas asociaciones de personas con discapacidad, así como de familias, exigen la inclusión de los estudiantes en una nueva red adaptada para acoger a todos los niños, facilitando así su futura inclusión en otros niveles de la sociedad. Las denuncias ante el comité de la ONU que dieron origen a la actual investigación fueron presentadas por ellos. Al mismo tiempo, otra parte de las asociaciones y familias de alumnos con discapacidad, así como los centros de educación especial (parte de los cuales son privados concertados), se oponen. Entre ellos hay casos de padres que tenían a sus hijos matriculados en la escuela normal y vivieron malas experiencias, por la falta de adecuación de los centros, de formación del profesorado y de atención suficiente para frenar, por ejemplo, situaciones de acoso escolar.
En 2019, el Ministerio de Educación parecía decidido a emprender un camino progresista, similar al adoptado por muchos otros países, para incluir a casi todos los estudiantes con discapacidad en las escuelas ordinarias. El ministerio ha visto con especial interés el caso de Portugal, donde el objetivo se ha ido alcanzando paulatinamente, sin grandes controversias, manteniendo la posibilidad de que las familias elijan en última instancia si prefieren la escuela ordinaria (adaptada) o los centros especiales. Y donde estos últimos han permanecido abiertos, convertidos en centros de referencia y apoyo a la escolarización del alumnado con discapacidad en los centros educativos ordinarios.
Sin embargo, como ocurrió con otros retos educativos, la cuestión se politizó rápidamente en España, y el PP y Vox impulsaron una campaña contra el plan previsto en Lomloe que tuvo eco especialmente en territorios como Madrid. Y los avances en este ámbito parecen haberse ralentizado.
El dictamen del comité de la ONU aborda también esta oposición y expresa su «preocupación» por el «riesgo de retroceso en la implementación del derecho a una educación inclusiva y de calidad», en vista de las posiciones adoptadas por algunos «gobiernos autónomos». (entre los que destaca la Comunidad de Madrid, del PP), “parlamentos autonómicos” (menciona el caso del andaluz), y “grupos parlamentarios en las Cortes Generales” (en referencia a los populares y Vox, por ejemplo) ). presentan recursos de inconstitucionalidad contra Lomloe que incluían la defensa de centros de educación especial, y fueron rechazados por el Tribunal Constitucional).
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