MURCIA 8 de octubre (EUROPA PRESS)-
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido la pena de prisión impuesta a los siete empresarios que fueron condenados el pasado 11 de septiembre tras admitir haber mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de dinero.
El fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, se ha mostrado de acuerdo con la suspensión de las penas de seis de ellos, que habían admitido entre uno o dos delitos de prostitución de menores en cada caso y se enfrentaban a penas que no sumaban más de 12 meses. de la cárcel. En estos seis casos, con el acuerdo del imputado y del Ministerio Público, se ha declarado firme la suspensión del ingreso en prisión.
Así, el fiscal sólo se ha opuesto a la de la JCA, que fue la que acumuló una mayor pena -25 meses de prisión- al haber reconocido cinco delitos de prostitución de menores. Por este caso, el representante del Ministerio Público anunció que presentará recurso de apelación y la suspensión de la pena no es firme.
Cabe señalar que en el caso de JCA, la pena máxima a imponer sería de 15 meses por ser el máximo de cumplimiento que establece el Código Penal (el triple de la pena más grave).
CINCO DEMANDADOS EN LA AUDIENCIA DEL MARTES
Cabe recordar que este lunes se llevó a cabo la primera de las audiencias para examinar el pedido de las defensas de suspender las penas de prisión. En él, la Sala, presidida por el juez Álvado Castaño, suspendió la pena de prisión impuesta a cuatro de los siete empresarios y dejó en el aire la de una de las madras o ‘mamis’ implicadas, RDT, cuya situación quedó abierta. costa de ser resuelto por el tribunal, que quiso analizar más de cerca las circunstancias de su caso.
Este martes, en segunda sesión, fueron citados otros cinco condenados: tres de los empresarios clientes de la red de prostitución menor y otras dos ‘mamis’.
Una veintena de personas se han concentrado en la puerta del Palacio de Justicia para protestar al grito de «esto no es justicia, es impunidad»; «las niñas no se venden, las niñas se defienden»; «eran menores de edad, empresarios violadores»; y «jueces y fiscales, cómplices». Además, han desplegado pancartas que decían ‘Pederastas, queremos justicia’; ‘Justicia sexista’; ‘Jueces cómplices’; y ‘El silencio nos hace cómplices. Sin impunidad.
La primera en comparecer este martes ha sido una de las condenadas que actuaba como ‘mami’ o ‘madame’, cuyas iniciales son YBC, cuyo abogado ha señalado que su cliente ya ha «remediado el daño». «Para ser justos, entendemos que esta suspensión de la pena estaría completamente dentro de la ley y la apelamos», añadió.
En cuanto a las circunstancias personales a valorar a la hora de suspender la pena, el abogado ha indicado que su cliente tiene un hijo pequeño y una vida «completamente reintegrada en la sociedad».
Al tomar la palabra para explicar su situación personal, YBC primero afirmó que está «muy arrepentida por lo sucedido». «Si pudiera volver, lo haría», según la condenada, que ha calificado lo ocurrido como una «mala experiencia». Asimismo, ha indicado que tiene un hijo menor de edad. «Esto es una pesadilla, lo siento, espero que la justicia vea que no he vuelto a cometer un delito», añadió.
El representante del Ministerio Público recordó que este caso motivó la reunión de la junta extraordinaria de fiscales, que entendió que «en determinados casos no debe operar la suspensión de la pena» como, por ejemplo, «cuando nos encontramos ante múltiples oraciones.» y en casos de clientes con hasta cinco delitos.
En el caso concreto de YBC, el fiscal recordó que los hechos reconocidos por la condenada «son graves». En la medida en que «ya se tuvo en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas», Sánchez Lucerga se ha opuesto a conceder la suspensión de la pena.
La jueza que preside, Concepción Roig, ha comunicado a YBC que no va a resolver su caso de momento porque «hay que considerar muchas circunstancias» pero ha anunciado que tomarán la decisión, en cualquier caso, antes del próximo lunes.
«LA SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS FUE PEOR»
Uno de los empresarios condenados, JMF, no ha comparecido porque no estaba obligado a hacerlo. Su abogado ha excusado la ausencia de su cliente, que se ha enfrentado a una convocatoria de plenos extraordinarios en su ayuntamiento convocados ‘ad hoc’ para abordar su caso y porque la situación es «insostenible».
En este sentido, el fiscal ha citado una frase popularizada por Clara Campoamor: «delito de odio, llevar al delincuente ante la justicia». Sin embargo, el representante del Ministerio Público ha apuntado que hay delitos ante los que «a cualquiera se le revuelve el estómago» como, por ejemplo, el de JMF
«Se puede invocar, desde el punto de vista humano, la situación en la que se encuentra el JMF, pero lógicamente mucho peor fue la de las víctimas de estos crímenes», añadió. Sin embargo, el fiscal no se ha opuesto a la suspensión de la pena teniendo en cuenta que se cumplen «todos los requisitos» para ello.
«REPROCABILIDAD SOCIAL»
Otra de las comparecidas este martes fue NCP, que también ejercía como ‘mami’ o madame y cuyo abogado ha solicitado la suspensión de su pena (seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización a razón de dos años de prisión para cada persona). de ellos).
En este caso, el letrado recordó que el fiscal de su momento sentó «las bases» para suspender la pena reduciendo las penas y que, además, su cliente consignó el dinero para reparar los daños a las víctimas. Por ello, ha pedido que se aplique el plazo máximo de suspensión de la pena, cinco años, para que su cliente tenga que permanecer sin cometer delito durante todo ese tiempo.
Al respecto, el fiscal recordó que NCP ha sido condenado por seis delitos y recibido 12 años de prisión. En su opinión, no existen motivos para suspender la pena. «Todos los delitos merecen reprensibilidad social y el tribunal tiene que partir de esa reprensibilidad social», según el representante del Ministerio Público, quien ha insistido en que «estamos hablando de seis delitos, no de uno o dos».
Asimismo, el fiscal recordó que los condenados «vulneraron el ordenamiento jurídico» y señaló que «estamos hablando de menores de edad que tienen que evolucionar en su sexualidad libremente y sin coacciones de terceros».
Finalmente, ha comparecido el empresario JPA, condenado por dos delitos de prostitución de menores, a un total de 10 meses de prisión, cuyo abogado también ha solicitado la suspensión de la pena y el fiscal no se ha opuesto «por coherencia», según ha manifestado. como ha ocurrido «en casos similares, siempre que se cumplan los requisitos».
JPA también ha tomado la palabra para afirmar que está «arrepentido» de todo lo que ha hecho.
Por todo ello, el relator ha suspendido la pena de JPA con la condición de que no cometa otro delito en los próximos dos años; No acercarse a las víctimas en un radio de 500 metros; y la obligación de participar en programas de reeducación conductual en materia de sexualidad.
Finalmente, el magistrado ponente destacó que cinco de las víctimas han dicho expresamente que quieren dar a todos los condenados «una segunda oportunidad» y que «no irán a prisión». Otras dos víctimas «no pudieron pedirlo» y dijeron confiar en la justicia, mientras que otras cinco dijeron que preferían la prisión.
Tampoco ha acudido a la vista el MPP, condenado por un delito de prostitución de menores a un total de 6 meses de prisión, en cuyo caso el fiscal no ha encontrado inconveniente alguno para suspender la pena.
Pese a no contar con la oposición del fiscal en el caso de MPP y JMF, la Sala no ha resuelto la suspensión firme porque deben comunicarse ‘in voce’.