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Los sindicatos rechazan que los particulares autoevalúen los riesgos laborales de las trabajadoras del hogar, como propone Trabajo | Economía

El Ministerio de Trabajo quiere proteger mejor a los trabajadores domésticos. Para ello, propone que las personas que los contraten deben evaluar los riesgos laborales de sus hogares, lugar de trabajo de estos profesionales mal pagados. Así lo establece un real decreto elaborado por el departamento que dirige Yolanda Díaz y cuyo contenido informó este periódico en marzo. Este martes el ministerio presentó el texto a los sindicatos, quienes tras la reunión han transmitido algunas quejas al respecto. Los principales son el desacuerdo con que el individuo pueda autoevaluar los riesgos laborales de su vivienda con una herramienta en línea y que no se contempla ninguna vía para que la Inspección acceda a las viviendas.

Respecto a la evaluación de riesgos, el texto establece que el ministerio desarrollará una “herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones requeridas”, aspecto en línea gratuito que agilizará el diagnóstico de riesgos. De esta forma, el ministerio evita críticas sobre la carga financiera que supondría exigir que lo hiciera una empresa especializada, posibilidad a la que también podrían recurrir los particulares que así lo prefieran. “Tenemos que buscar alternativas a lo que puede ser una herramienta informática en manos de personas no formadas. Es un reglamento interesante y representa un avance, pero merece un debate en profundidad. Vemos lagunas importantes”, afirma Ana García de la Torre, secretaria de salud laboral de UGT.

El representante de CC OO, Mariano Sanz, también cree que la propuesta del ministerio no soluciona el problema: “No puede funcionar así. En muchos casos, los empleadores son personas mayores sin capacidad para realizar una autoevaluación. en línea”. Cree que una posibilidad, que ya han transmitido al ministerio, sería implicar a las mutuas. «Podrían hacer un trabajo de asesoramiento». Por su parte, UGT propone un «cuerpo de técnicos que asesoren a la hora de realizar estas evaluaciones» y celebra que el ministerio se haya mostrado receptivo a la posibilidad de poner de relieve «los riesgos psicosociales de esta actividad».

A los sindicatos tampoco les gusta que el texto no contemple vías para que la Inspección verifique las condiciones laborales en las viviendas. Las limitaciones establecidas por el sacrosanto La inviolabilidad del domicilio (que está sellada por el artículo 18 de la Constitución) siempre ha obstaculizado los intentos de proteger a estos trabajadores, barreras que también sirven a muchos empresarios para anclarlos en condiciones muy precarias. “Que las distintas direcciones donde se prestan los servicios constituyan un ámbito aparentemente alejado del control que puede ejercer la empresa exige que se realice un desarrollo normativo que determine el alcance de las obligaciones preventivas”, reconoce la norma en la exposición de motivos. “Es necesario abordar la necesidad de garantizar que se realicen visitas presenciales en los domicilios donde se desarrolla la actividad asistencial para que se produzca la adecuada evaluación de riesgos laborales”, añade. Pero no establece un camino para ello.

Los sindicatos reconocen la dificultad de encontrar un encaje legal para que la Inspección realice visitas presenciales, pero insisten en su carácter necesario. “Tenemos algunas dudas de cómo podrá actuar la Inspección en los hogares. Queremos que nos lo aclares. Hay cuestiones que es necesario comprobar. en el sitio, aunque somos conscientes de la colisión de derechos”, comenta el representante de UGT. “El acceso a las inspecciones es esencial y está totalmente en el aire. No está definido y eso nos preocupa. Si no está articulado en esta norma puede ser un brindis al sol. Una parte importante queda a merced del voluntarismo”, indica CC OO.

Salarios muy bajos

La norma elaborada por Trabajo también especifica el deber del empleador de proporcionar medidas de protección adecuadas, el derecho del trabajador a exigir formación en riesgos laborales y a someterse a exámenes médicos. Además, el ministerio apuesta por desarrollar un protocolo contra situaciones de violencia y acoso sexual. El hecho de que casi todos sean mujeres (96%), inmigrantes (40%), con salarios muy bajos (981 euros brutos, menos de la mitad de la media) y que desarrollen su actividad en domicilios particulares, forma una combinación que los desprotege. El acoso y abuso que sufren es un problema histórico bien documentado.

En septiembre de 2022, el Consejo de Ministros ya aprobó un decreto ley que mejoraba las condiciones laborales y de Seguridad Social de estos empleados. Desde entonces, estos profesionales tienen derecho a cobrar prestaciones por desempleo. En caso de despido, el Fondo de Garantía Social (Fogasa) cubre las indemnizaciones a los empresarios insolventes y se establece un sistema de bonificaciones de cotización. Quedaba pendiente la adaptación específica de la normativa de riesgos laborales, que se articulará con el texto descrito si PSOE y Sumar llegan a un acuerdo.

En el departamento de Díaz, optimistas sobre un acuerdo con los socialistas en este sentido, vienen indicando que España se situaría a la vanguardia internacional en derechos laborales para este colectivo si aprueba esta norma. Así, añade el ministerio, España cumpliría «los compromisos asumidos con la ratificación del Convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre condiciones relacionadas con el trabajo digno de los trabajadores del hogar».

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