Netanyahu desafía a la Corte Penal Internacional por posibles sanciones contra los responsables de la guerra de Gaza | Internacional

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha esperado a que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Países Bajos), emita posibles sanciones contra los funcionarios de su país responsables de la guerra en Gaza. El líder conservador ha preferido reaccionar antes de que esto suceda. Cree que, de darse, este paso sentaría un “precedente peligroso” que no le haría cambiar su agenda bélica. El presidente considera “escandalosa” la amenaza contra las autoridades políticas y militares del país por parte de ese tribunal. «No cederemos ante él», afirmó en un duro comunicado hecho público este viernes en su perfil de la red social X (antes Twitter). “Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento del Tribunal Penal de La Haya de socavar su derecho fundamental a defenderse”, añade.

Desde hace días, los signos de preocupación en Israel ante posibles órdenes de arresto por supuestas violaciones del derecho internacional contra funcionarios israelíes, entre ellos Netanyahu, van en aumento, según revelan distintos medios. Miembros del gobierno y asesores legales mantuvieron una reunión de emergencia el 16 de abril en la oficina del primer ministro para delinear el plan de defensa ante un posible anuncio a corto plazo desde La Haya, informó el Canal 12 de la televisión israelí. A esta reunión habría asistido el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz; el de Justicia, Yariv Levin, y el de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, según ese mismo medio.

La preocupación por estas posibles sanciones ha sido compartida por Netanyahu en las recientes reuniones que ha mantenido en su país con los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y de Alemania, Annalena Baerbock, añadió ese canal. Israel no es miembro de la CPI ni reconoce su jurisdicción. Esta circunstancia significa que posibles detenciones sólo podrían producirse si el acusado viajara a alguno de los 124 países que forman parte de este tribunal. Palestina, por otro lado, es Estado miembro desde 2015. Este tribunal puede actuar contra individuos en casos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o agresión.

El 20 de marzo, la organización Ley para Palestina, apoyada por quince organizaciones humanitarias de diferentes países árabes, envió una carta a este tribunal penal en la que acusaba a las autoridades civiles y militares israelíes de “genocidio” contra los palestinos.

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El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo en los primeros días de la guerra que comenzó el 7 de octubre que el tribunal tenía jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos tanto por Hamás en Israel como por Israel en Gaza. Durante una conferencia de prensa en El Cairo a principios de noviembre, Khan insistió en que Israel tiene “una clara obligación moral y legal” de cumplir con el derecho internacional. El fiscal señaló que tendrá que demostrar que cualquier ataque que afecte a civiles inocentes o a bienes protegidos se realiza dentro de la ley, en un mensaje que extendió también a Hamás.

En enero de 2023, el TPI ya emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranianos de los territorios ocupados a Rusia. Putin fue el tercer presidente en ejercicio en recibir una orden de arresto de este tribunal, después de Omar al Bashir de Sudán y Muammar Gaddafi de Libia.

Fue Sudáfrica la que a finales de 2023 comenzó a mover acciones contra Israel por posible genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que al igual que la CPI, también tiene su sede en La Haya. Este procedimiento podría derivar en aislamiento diplomático y boicots o sanciones contra Israel o contra empresas israelíes, por lo que las autoridades comenzaron a pensar en esta posibilidad y su posible respuesta, señaló entonces el diario. Haaretz. Según los expertos sudafricanos que impulsaron la medida, Gaza es “el primer genocidio de la historia donde sus víctimas registran su propia destrucción y viven en un intento desesperado y hasta ahora vano de conseguir que el mundo haga algo”.

Los comandantes del ejército israelí, incluido el jefe de las Fuerzas Armadas, Herzi Halevi, fueron advertidos, según el mismo medio, del “peligro real” de que el tribunal exija el cese de las operaciones militares en Gaza. Esto es lo que acabó sucediendo, aunque la medida no tuvo ningún efecto sobre el terreno: las tropas israelíes han seguido asolando el enclave palestino, donde ya han matado a más de 34.000 habitantes.

Sudáfrica solicitó que la CIJ abriera un proceso contra Israel por presunta violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948). En este caso, tanto Sudáfrica como Israel son estados miembros de la citada Convención. Sudáfrica espera demostrar que Israel ha tomado acciones para destruir a la población palestina que van más allá de la legítima defensa, precisamente el argumento que esgrime Netanyahu tras el asesinato el 7 de octubre de unas 1.200 personas a manos de Hamás.

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