No son sólo información periodística. El sindicato Manos Limpias asegura que «en los próximos días aportará documentación al juzgado» para demostrar que efectivamente la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, había incurrido en un posible delito de tráfico de influencias y corrupción empresarial. «Vamos a exigir expresamente que se investiguen los negocios que ella ha realizado en Marruecos», afirma la organización.
Durante su etapa al frente del Africa Center, organización vinculada al IE, Gómez mantuvo un acuerdo de colaboración con la delegación marroquí de la Management Progress Association, organización en la que participan empresas como Santander, Caixabank, BBVa, ACS, Repsol, Endesa, Ferrovial, Telefónica o Vodafone, especializada en la organización de eventos y formación de directivos. El presidente de la APD marroquí es Saad Kettani, director general de la empresa inmobiliaria KSG.
La denuncia interpuesta por Manos Liminas ha sido admitida a trámite, aunque la Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del juzgado de apertura de diligencias. En declaraciones a Manos Limpias, Miguel Bernad reconoció hoy en un comunicado que lo que han presentado hasta ahora es sólo información periodística y que será el tribunal el que deberá determinar si «son ciertas o no» y, en caso contrario, lo son. «Serán ellos quienes los publicaron, quienes tendrán que asumir la falsedad». «Pero si no están inseguros, entendemos que el proceso judicial debe continuar». califica.
El sindicato recuerda que uno de los empresarios que se benefició de las «recomendaciones o avales» de Begoña Gómez es Carlos Barrabés, al que se habrían adjudicado concursos públicos por valor de 10 millones de euros. «Este empresario también puso en marcha el Máster de Transformación Social Competitiva del imputado», sostiene, y añade que la cátedra de la mujer de Sánchez también le fichó como profesor asociado.
Además, Las relaciones de Gómez con Air Europa han pedido que se investiguen justo antes de acordarse el rescate de la compañía aérea por parte del Gobierno por importe de 475 millones de euros. En concreto, la esposa de Sánchez mantuvo varias reuniones privadas con el entonces director general de Globalia, Javier Hidalgo, en la sede de la compañía en Pozuelo de Alarcón.
A la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, Todos los focos están ahora en el presidente del GobiernoPedro Sánchez, que el lunes deberá decidir si continúa al frente del Ejecutivo o presenta su dimisión ante los ataques que, según él, está recibiendo su esposa.